La responsabilidad por la muerte de Thiago Quipildor recayó en los equipos técnicos del ministerio de Derechos Humanos cuyos trabajadores afirman que Marianela Cansino protagoniza la peor gestión de los últimos años. Un informe interno de junio refleja las falencias que anticipaban la tragedia que costó la vida de un niño. (Federico Anzardi)

A la izquierda, Lionel Messi festejando durante la Copa América. Arriba, Gustavo Sáenz candidato a vice de Sergio Massa. La foto de Marcelo Senise sonriendo junto a sus cuatro hijos adoptivos estaba debajo, acompañando al título más conmovedor del diario El Tribuno del domingo 21 de junio: “Una emotiva historia en el Día del Padre”. Dentro, el artículo estaba encabezado por una frase que hoy eriza la piel: “Soy papá sustituto y vivo cada día con mis hijos como si fuera el último”. Dos semanas después, el miércoles 8 de julio, Thiago Quipildor, de cuatro años de edad, el más pequeño de los chicos que Senise había adoptado en diciembre de 2013, moría a causa de un cuadro pulmonar agravado. El niño también presentaba signos de desnutrición.

Hoy, Senise y su esposa se encuentran detenidos. La hermana de Thiago está internada por desnutrición, con indicios de maltrato físico. Los niños restantes fueron reubicados con una nueva familia. Los cuatro habían sido enviados a la casa de Senise como parte del subprograma Sistemas Alternativos de la Dirección General de Niñez y Familia, dependiente de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia. Cinco funcionarias de ese subprograma fueron separadas de su cargo por el hecho y se investiga qué fue lo que llevó al pequeño a una muerte sorpresiva para la burocracia del gobierno. Mientras tanto, al mediodía del viernes 17, la renuncia de la Licenciada Ivana Bruno, Directora General de Niñez y Familia, fue bien recibida por la ministra Marianela Cansino, que así buscaba evadir su responsabilidad política desligándosela a una subordinada.

Previamente, la titular de Derechos Humanos había asegurado que los últimos informes realizados sobre el estado de los cuatro hermanos eran positivos, sin indicios que anticiparan este desenlace. “No es que no había informes, no es que (las funcionarias) no iban a visitarlos; al contrario, había informes y demostraban que los niños estaban en buen estado de salud”, declaraba en FM Aries, el jueves 16 de julio. La decisión de apartar a las cinco profesionales (dos psicólogas, una nutricionista, una asistente social y la jefa del programa) se debió a que la situación de Thiago y su hermana “se contradicen con los informes presentados”. Más tarde, por la misma emisora, la mano derecha de la ministra, el Secretario de Derechos Humanos, Martín García Caínzo, coincidió con la ministra.

La versión de los equipos técnicos es que se cumplieron todos los pasos requeridos para que esto no sucediera. Al igual que la mayoría, no saben qué falló. Según lo trascendido desde el sector y confirmando las declaraciones de Cansino, los informes realizados no despertaban sospechas. Los chicos estaban escolarizados. Los hermanos tenían antecedentes de desnutrición antes de mudarse junto a Senise, pero un certificado médico reciente no habría detectado irregularidades.

Para este tipo de casos, los trabajadores de la Secretaría mantienen una red de monitoreo en colaboración con profesionales de otras áreas, como Salud y Educación. La escasa cantidad de personal y la enorme lista de tareas provocan que se confíe en el trabajo del compañero. Además, la Ley Nacional 26.061 exige armar un Sistema de Protección Integral. Nadie sospechó que algo malo pudiera estar ocurriendo con Thiago y su hermana.

Las dudas se mantendrán, al menos hasta que termine la investigación en curso. Pero no es ilógico deducir que el hecho se produjo por un encadenamiento de irregularidades que trepa hasta lo más alto.

El informe

Sistemas Alternativos, el subprograma que asistía a Thiago y en el que todavía se encuentran sus tres hermanos, es el encargado de proporcionar a los niños y adolescentes una permanencia temporal en ámbitos familiares llamados Pequeños Hogares. Tras la separación del cargo de los equipos técnicos señalados como responsables, todos los casos quedaron a la deriva hasta que se designen nuevos profesionales. Al cierre de esta edición aún no se habían informado nuevas designaciones.

Hasta la muerte del niño, el subprograma contaba con cuatro profesionales para atender a 160 chicos distribuidos en distintos lugares de la provincia. Un promedio de 40 personas por profesional. Los datos surgen de un informe de 20 carillas que los técnicos del Ministerio remitieron a las autoridades para alertar sobre la precariedad con la que se estaba trabajando. Si las autoridades leyeron o no el informe es algo que no puede confirmarse, aunque el mismo fue consultado por Cuarto Poder. Allí se revelan las diferentes falencias de la Dirección de Niñez y Familia y se advierten las dificultades que atraviesan los empleados para poder cumplir los objetivos planteados. El texto, con datos actualizados hasta junio de este año, anticipó, de alguna manera, lo que sucedió con Thiago. La falta de recursos, de personal y de respuestas parecieran justificar lo que se dice puertas adentro del Ministerio: la gestión de Marianela Cansino es la peor de los últimos años.

Leer el informe es percibir que algo se podría haber hecho para no llegar a esta realidad. Por ejemplo, conseguir lo que pedían los trabajadores para mejorar la atención. Gestionar, que le dicen. Sistemas Alternativos, según se señala en el texto, contaba, hasta hace una semana, con “reducido personal” desde 2013. En 2009 había cinco psicólogas y cinco trabajadoras sociales, además de un equipo técnico destinado a Tartagal. En el informe, entonces, se remarcaba la necesidad de cubrir los cargos de profesionales, designar especialistas en los hogares del interior y conseguir vehículos para tener una movilidad acorde sin estar sujetos a la disponibilidad de los autos y camionetas del Ministerio, que en muchas oportunidades están detenidos durante casi todo el día, a disposición de funcionarios de mayor peso.

“Desde el subprograma se realizaron acciones y medidas paliativas que son a corto plazo y con desgaste de los adultos responsables, ya que la problemática de base -económica y de recurso humano- no depende de este subprograma. Es necesario tomar medidas reales y efectivas para garantizar el adecuado funcionamiento de los dispositivos, ya que de continuar con la problemática del recurso humano, es imposible continuar sosteniendo los Pequeños Hogares”, finalizaba el análisis sobre Sistemas Alternativos.

La precariedad es tan grande que los funcionarios sancionados pagaron de su propio bolsillo el sepelio de Thiago. La Secretaría de Asistencia Crítica aportó el cajón y el coche fúnebre. El equipo técnico de Sistemas Alternativos consiguió una sala velatoria. El niño iba a ser depositado en una fosa común. Durante el velorio, la abuela exigió un nicho para su nieto. Los profesionales pagaron el costo del servicio que exigió la mujer. Los sueldos de estas profesionales son de aproximadamente 8 mil pesos. Antes, realizaron viajes por la ciudad para cumplir con las formalidades del caso. Sus superiores les exigieron que cumplieran como pudieran y, como otras veces menos urgentes, no les proporcionaron transporte ni viáticos para movilizarse. El detalle, además de desprolijo para una cartera gubernamental, es peligroso, porque sin viáticos ni vehículos oficiales, la ART no corre. Los trabajadores están descubiertos.

Según el informe, otro subprograma, el de Centros de Inclusión Transitoria (CIT), cuyo objetivo es brindar atención y espacio a víctimas de abuso, violencia, abandono y otros casos de vulnerabilidad, alberga a 105 niños, niñas y adolescentes que están distribuidos en ocho hogares de la ciudad y son asistidos por 15 profesionales. Cada lugar cuenta con un licenciado en Trabajo Social y un licenciado en Psicología, excepto la residencia “Encuentro”, que trabaja con 11 adolescentes varones y posee un solo profesional. Cinco hogares sobrepasan su capacidad: uno tiene la cantidad justa de chicos y dos aún poseen vacantes. Ninguno tiene un responsable institucional. El promedio general es de 7,13 chicos por profesional. En el Hogar Cuna, donde hay 35 niños entre 0 y 6 años, el promedio es de 14/1. Aunque no figure en el informe, se sabe que existe una operadora con quince bebés a cargo, cuando debería ser una cada dos.

Los ocho CIT cuentan con 84 operadores repartidos en tres turnos, los siete días a la semana, durante las 24 horas. Se trata de un número escaso de trabajadores según el informe, que expresa: “Se considera necesario contar con más agentes por dispositivo para dar respuesta y no alterar el normal funcionamiento del mismo. Se hace notar que los CIT deberían contar con 42 operadores por turno, por lo tanto, se requiere un total de 126 operadores”.

El subprograma Centros de Desarrollo Infantil (CDI) brinda atención integral ejerciendo una función preventiva, promotora y reparadora a niños y niñas que necesiten cuidados temporales. Hay 2.374 chicos de seis meses a cuatro años de edad en los 35 CDI de toda la provincia. Los profesionales designados para trabajar en los 3 equipos técnicos que los asisten son, en total, siete.

En Capital, Metán, La Merced, El Carril, Orán y Pichanal existen 15 CDI de los llamados Institucionales. Seis de ellos necesitan jefes que deben ser designados. Además, hay otros 20 puestos vacantes. El informe asegura que la tramitación de las designaciones se realizó en tiempo y forma y hasta la fecha no se cubrieron los cupos. Agrega que la designación “es imprescindible para el buen funcionamiento”.

El subprograma cuenta con 31 cuidadoras infantiles que se desempeñan en distintos CDI de capital e interior. Estas mujeres firmaron un convenio de trabajo conjunto con la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y no cobran un peso por su labor.

El programa Fortalecimiento Familiar y Comunitario, que debe trabajar para transformar las relaciones familiares que están debilitadas, muestra las carencias de manera muy contundente. El informe asegura que de 2.314 causas presentadas, 1.504 fueron respondidas por los 8 profesionales encargados. 810 quedaron en la nada. El texto calcula que cada trabajador atendió un promedio de 188 casos durante el segundo semestre del año pasado. El análisis realizado por los redactores concluye que hubiesen hecho falta seis personas más para poder cubrir los restantes.

Las 1.504 causas, vistas desde el punto de vista de los servicios sociales brindados por cada profesional (acompañamiento familiar tres veces por semana, citaciones, consultas vecinales, relevamientos), muestran que cada trabajador, en seis horas diarias de trabajo, realizó, durante el mismo lapso de tiempo, un promedio de 691,6 servicios.

El informe también señala que el programa Fortalecimiento Familiar no cuenta con vehículo propio para poder cubrir todos los casos del territorio provincial, lo que dificulta la implementación de las estrategias de intervención y de seguimiento. Entre el 27 de febrero y el 2 de junio de este año hubo 52 casos sin abordar por falta de movilidad. Agrega que la incorporación de los profesionales y los vehículos es algo que se necesita de manera urgente.

Tragicomedia

Las condiciones de trabajo en la Secretaría de Igualdad de Oportunidades, según conocedores del lugar, son paupérrimas. Los empleados deben soportar baños mal higienizados, colapsos de cloacas, y hasta un patio interno que en verano es tomado por el pasto que crece, nadie corta sin una autorización por escrito y se llena de mosquitos que nacen en el agua estancada de las lluvias. Hay computadoras lentas, con RAM de 128 Mb, que es como si el Ministerio de Salud todavía conservara ambulancias de 1995. Esto provoca demoras en la burocracia inevitable, repleta de expedientes que llenar. En invierno se debe optar por encender la estufa o el resto de las máquinas, porque la instalación eléctrica no soporta todo. Hay cables al aire que corren peligro de mojarse cuando llueve, por las goteras. Tiempo atrás, un empleado fue sancionado por llamar a Gasnor para pedir que se cortara el servicio hasta que se arreglara una pérdida. Necesitaba autorización. Hay ventanas que quedan en las manos de los que las intentan abrir.

Cuando los trabajadores de la Secretaría consiguen un vehículo del Ministerio para trasladarse, deben estar atentos. Algunos tienen fallas que no se solucionan porque las autoridades no dan el visto bueno para el arreglo. Un chofer recientemente jubilado tenía un pulmón perforado. Cuando manejaba escupía líquido desde sus pulmones. La junta médica nunca reconoció el accidente de trabajo que tuvo. Otro conductor, un hombre grande, sin reflejos, también jubilado recientemente, era una buena compañía a la hora de charlar pero una incertidumbre al volante. Una vez atropelló dos perros de gran tamaño avanzando despacio. También se dice que más de una autoridad ha estacionado en el lugar de discapacitados. En la Secretaría de Igualdad de Oportunidades.

Además, se percibe un aire de disputa de poder. La Secretaría es vista por sus propios empleados como un lugar donde reina la intención de dividir y hacer circular rumores. La lucha, al menos hasta el viernes 17, habría sido entre la Licenciada Ivana Bruno y la subsecretaria de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Marcela Guaymás. El secretario de Igualdad de Oportunidades, Eduardo Robino, desde adentro es calificado de tibio. Entre ellos, se perciben sabotajes. Por si esto fuera poco, el Boletín Oficial del jueves pasado comunicó que a ciertos funcionarios de la Secretaría les va mejor que a otros: esa mañana, el decreto 2361/15 comunicaba que la Coordinadora de Articulación Institucional, Liliana Cristina Paniagua Flores; la Coordinadora Ejecutiva de la Secretaria de Derechos Humanos, María Soledad Fernández; y el Jefe de Programa Asistencia e Intendencias de la Secretaría de Asistencia Crítica, Ariel Humberto Villar; pasarán a gozar de remuneraciones equivalentes a Secretario de Estado. Mientras que el Jefe de Programa Economía Social de la Secretaría de Asistencia Crítica, Joaquín María Arriagada Bazán, tendrá remuneración equivalente a Director.

En los pasillos de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades, en cambio, no hay subas de sueldos ni discursos complacientes, sino malestar por lo ocurrido debido a que los trabajadores conocen cómo es el día a día de esa dependencia. Saben que lo sucedido es producto de una gestión que no está coordinando los trabajos de manera correcta. Creen que ellos podrían haber estado en el lugar de las cinco acusadas como responsables y, lo que es peor, podrían estar en futuros casos similares. En ese marco dantesco, la prensa oficial tituló sus partes semanales “Destacan a la provincia por sus políticas públicas en derechos humanos”, en relación a la participación de Urtubey en la inauguración del XXI plenario del Consejo Federal de Derechos Humanos frente a representantes de todo el país y el secretario de Derechos Humanos de Nación, Martín Fresneda.

La opinión generalizada de los trabajadores sobre Marianela Cansino es que es una persona que desconoce absolutamente el Sistema de Protección Integral y que ignora el trabajo que se hace diariamente en el lugar ya que nunca se acercó a ver qué se hace y con qué. Aunque, dicen, envió perfumes para todos cuando asumió.

La situación no es sólo con Cansino. Con su antecesora, la también criticada María Pace, había muchas falencias, pero los trabajadores perciben ahora un descenso en las garantías laborales y en las condiciones para desempeñarse.

Una creencia general, más oscura, es que mientras no exista una buena conducción que pueda hacer una planificación estratégica y logre conseguir los recursos necesarios, habrá muchos Thiagos. Hay diferentes ejemplos de falta de iniciativa por parte de las autoridades. Un caso es la nula atención que se tomó con el traslado de dos niños que deben viajar desde Tartagal hacia Salta para realizarse chequeos médicos. Incluso una jueza llegó a intimar a la Secretaría para que el viaje se realice en buenas condiciones. El fax con la intimación llegó en abril, y entre sus párrafos puede leerse lo siguiente: “…se ha dispuesto librar el siguiente a efectos de INTIMAR a dicha Secretaría a que de manera inmediata efectivice el traslado a realizarse de los niños (…), quienes se encuentran bajo protección de estado bajo APERCIBIMIENTO DE DESOBEDIENCIA JUDICIAL…”.

Las fuentes consultadas del Ministerio aseguraron a este medio que todavía no hubo respuestas a ese pedido. Los de abajo están abrumados y los de arriba en otra cosa.