Tras meses de tensión, denuncias patronales y una marcha multitudinaria convocada por los azucareros de Campo Santo, la multinacional Gloria S.A., dueña del ingenio San Isidro, cedió y los obreros alcanzaron un básico de entre $8738 y $10.923 según las categorías. La huelga empieza ahora en el ingenio El Tabacal. (Daniel Avalos)
El salón de actos del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar de Campo Santo, rebosaba de trabajadores el miércoles 26 de agosto a la tarde noche. Los murmullos previos a la exposición del secretario general del gremio se acallaron cuando éste, Mariano Cuenca, anunció que tras días de negociaciones con los representantes de la firma en el Ministerio de Trabajo de la Nación, los primeros accedieron a las demandas de los trabajadores el viernes 21 de agosto.
El acuerdo incluyó un incremento salarial del 32% que significaba un básico de $8.738 para los obreros que recién ingresan, cifra que se estira a $10.923 para la categoría 8 que incluye a los “instrumentistas” encargados de calibrar varios instrumentos de medición. Con un básico así, el sueldo de bolsillo llegaba a los $11.940 para los primeros y a los $15.224 para los segundos.
Mariano Cuenca, hablando en la Asamblea del Sindicato de Trabajadores del Azúcar del ingenio El Tabacal el lunes 17 de agosto.
Entre esos extremos, las planillas que circulaban de mano en mano mostraban a los mecánicos, electricistas, albañiles, capataces o maquinistas que sus ingresos también se incrementaban. Todos celebraban esos tecnicismos que siendo crípticos para el foráneo, eran de una claridad asombrosa para los obreros del azúcar que en lo central explicaban al cronista que el básico era el resultado de la suma del ítem “Básico + Adicional Remunerativo 1 + No Rem. GAE 2014” que se incorporaba al Básico total desde el cual se calculan los montos de presentismo, escalafón y otros ítems. Los meses de tensiones finalmente llegaban a su fin.
El proceso protagonizado por los obreros azucareros parece digno de análisis en torno a cómo manejarse en conflictos gremiales. No sólo por lo ocurrido ahora; sino también por lo sucedido en 2014, cuando tras 41 días de lucha el Sindicato logro sus objetivos y obligó a la empresa a prescindir de quien entonces llevó adelante las negociaciones: Gerardo Fernández, gerente operativo del ingenio.
En lo que respecta a 2015, todo comenzó en junio cuando la multinacional de origen peruano anunció un “Procedimiento preventivo de crisis” por el que pretendía despedir a 100 obreros. La figura contemplada en la ley, requiere que la empresa comunique al Estado la situación para mediar en la misma y que la misma argumente una razón de fuerza mayor para semejante decisión. La razón esgrimida por la empresa de la mano del contador peruano Hugo Arostegui fue la de padecer una crisis financiera que los obligaba a proceder con los despidos y negar aumentos salariales.
Posiciones
Desde entonces, el sindicato pareció estar siempre un paso delante de la patronal. Claro ejemplo de ello fue lo ocurrido a fines de junio pasado en la audiencia llevada adelante en el Ministerio de Trabajo de la provincia, donde la cúpula sindical impugnó la presentación de Procedimiento Preventivo de Crisis. El método fue sencillo pero contundente: acusaron a la firma peruana de presentar balances parciales y manipulados, señalar que la ampliación de tecnología y capacidad instalada por la firma contradecía el argumento de la crisis y aseguraron que lo último explicaba el claro proceso de expansión empresarial y los buenos números que ello suponía: costo total mensual de funcionamiento (mano de obra e insumos) de $11.570.000 declarados por la empresa y que según el sindicato podía cubrirse sólo con la producción de alcohol (60.000 litros diarios) cuyo precio de $8,55 por litro generaba facturaciones que superaban los 15 millones mensuales. A ello, agregaban, debía sumársele claras ventajas como la de un valor del alcohol atado a la suba de las naftas y la compra del producto garantizada por el propio Estado nacional. A esa variable, recordaban, debía sumarse la producción y rentabilidad que genera la producción de azúcar blanco -cuya demanda es sostenida- y la de azúcar orgánica que se exporta a Europa y EEUU.
En la asamblea del miércoles pasado, los buenos números de la empresa también fueron objeto de cálculos por parte de los obreros reunidos en el salón de actos del Sindicato. No había en ese ejercicio resentimiento alguno. Sí, una obvia explicación de porqué el viejo anuncio de despidos era tan injustificado como justificados resultaban los incrementos salariales conseguidos.
Las voces sueltas aseguraban que en esta zafra la caña destinada a molienda es producto de la siembra de 12.000 hectáreas de las cuales un 75% proviene de cañeros independientes, que son aquellos que poseyendo finca menores plantan caña para la firma. Tales cifras no suponen que el ingenio sea dueño de sólo 3.000 hectáreas porque en realidad posee unas 11.000, aunque la mayoría de ellas estén sin producir. Lo cultivado, aseguraban otros consultados, producirá 721.850 toneladas de caña que, a su vez, generarán 79.000 toneladas de azúcar. Si este último se precisa bien, es porque otros trabajadores aseguran haber consultado a los “changos de laboratorio”, quienes enfatizan que una tonelada de caña genera un 11% de rendimiento. Y como todos los obreros cuentan con un teléfono móvil que a la vez posee una calculadora, la inclinación a las operaciones matemáticas no se reprimía: la tonelada de azúcar cuesta 666 dólares, eso supone que de venderse toda la producción el rendimiento es de 52.613.000 millones de dólares que traducidos a pesos argentinos y al valor del dólar oficial, se transforman en 550 millones.
El movimiento
Entre el Procedimiento Preventivo de Crisis de junio y la reunión del 21 de agosto en el Ministerio de Trabajo de la Nación donde se selló el acuerdo, ocurrieron algunas otras cosas. Una de ellas involucró a Raymundo Sosa, el letrado salteño acusado de enriquecimiento ilícito durante el romerismo, quien denunció formalmente al Secretario General del Sindicato, Mariano Cuenca.
Sosa actuó como apoderado de PROSAL S.A. y EMAISA S.A. y en un escrito remitido al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Carlos Tomada, acusó a Cuenca de “proceder exacerbado” en su “activismo sindical”. Para ello recurrió a tres denuncias policiales “por amenazas” de las que fue objeto el dirigente durante el conflicto gremial de 2014. Las mismas habían sido efectuadas el 30 de diciembre de ese año por Ramón Eduardo Lobo, Abel Leonardo Farfán y René Gustavo Geréz. El primero, Jefe del Servicio de Medicina Laboral de PROSAL S.A. y EMAISA S.A.; el segundo, encargado de “Agroservicio Chile Farfan” empresa contratista que presta servicio de preparación de suelo, cultivo y fertilización para EMAISA S.A.; y el tercero, encargado de la empresa “MH” contratista que realiza trabajos de fertilización también para EMAISA S.A.
La operación escarmiento no dio resultado y el paro se declaró en las primeras semanas de agosto aunque lo decisivo ocurrió el 11 de ese mes. Ese día el sindicato convocó a una manifestación multitudinaria que incluyó a amplios sectores de la población. Las razones de la exitosa convocatoria fueron varías. El hecho de que los más de 700 trabajadores provengan de los tres municipios del departamento (Güemes, Campo Santo y El Bordo) es una de ellas; el apoyo a sus reivindicaciones por parte de la Cámara de Diputados aportó un componente político; y el rol crucial lo jugó el trabajo que el propio gremio realiza con las familias del lugar y sectores como el de los comerciantes y remiseros que tras una década de experiencia, saben bien que por más mínimas que sean las mejoras de los obreros del ingenio, las mismas siempre impulsarán un mayor movimiento económico al conjunto de la población.
Orán amargo
La preocupación del Sindicato de Campo Santo por estos días, está centrada en lo que ocurrirá en el Ingenio El Tabacal de Orán. La firma denunció a inicios de la semana que se enteró de los planes de huelga el domingo a última hora cuando, evidentemente, los trabajadores del norte ya se habían anoticiado de los logros obtenidos por sus colegas de Campo Santo.
Desde entonces, la multinacional norteamericana asegura que ofrecieron un incremento del sueldo de bolsillo de un 34%. Según la firma eso suponía para los trabajadores de Orán un ingreso mayor al de sus pares de Ledesma. Lo que no decían es que las modificaciones al Básico estaban muy por debajo de lo ocurrido en Campo Santo. Según un documento que El Tabacal difundió, la propuesta enviada el 21 de agosto al Sindicato de Trabajadores del Azúcar, el básico para la categoría 1 ascendía a $7.700 para los meses de mayo a julio; se estiraba a $8.560 para los meses de agosto a enero y se congelaba en $9.200 para abril de 2016. Cifras inferiores al de los azucareros de San Isidro que en la misma categoría y retroactivo a abril, acordaron un básico de $8.738 que asciende a $11.153 en abril del próximo año. El básico, dijimos, es crucial para los trabajadores registrados en tanto desde allí se calculan otros ítems remunerativos.
En ese marco, la preocupación del gremio de Campo Santo parece trascender la mera solidaridad entre los azucareros para alcanzar también cálculos de orden más pragmáticos: si los obreros de Orán no mejoran sus condiciones hoy, las negociaciones en el 2016 favorecerán a la patronal que así buscará nivelar las condiciones para abajo. De allí que se pregunten cómo apoyar en la práctica a sus pares oraneneses. Por lo pronto, las intervenciones son un hecho. Cuenca ya participó de asambleas realizadas por los obreros de El Tabacal mientras el miércoles declaró: “Si San Isidro que es un ingenio mucho más chico que El Tabacal puede pagar $11.940, es una burla que los empresarios de tabacal ofrezcan $11.400”.
Cuenca, sin embargo, sabe que aún cuando en Campo Santo y en Orán los obreros se enfrentan a una multinacional, la de Orán es más poderosa que la primera. En Campo Santo se trata de Gloria S.A., una firma que dio un salto en 1986 cuando una empresa familiar de transporte peruano adquirió el porcentaje mayoritario de las acciones e inició un proceso de expansión que la llevó a acaparar firmas dedicadas a la producción de lácteos en Bolivia, Puerto Rico, Colombia, Ecuador y Argentina hasta involucrarse en la producción azucarera y desembarcar en nuestra provincia en el año 2011 a través de la subsidiaria Casa Grande S.A.A.
En Orán el ingenio está en manos de la norteamericana Seaboard Corporatión. Firma de larga historia en EEUU y que en el año 1968, según su página web, protagonizó el primer desembarco en un país distinto al de origen: Sierra Leona. Un año después poseía sede en Guyana. En los 70, Nigeria, Liberia y Ecuador le abrieron sus puertas. En los 80, el Caribe y América Central. En los 90 arriban, por primera y única vez, a nuestro país, adquiriendo el ingenio que alguna vez manejó con mano de hierro el terrateniente salteño Robustiano Patrón Costas. Su presente es bastante impresionante: dieciséis sedes en trece estados norteamericanos, dos en Canadá, dos en México, una en Guatemala, dos en Honduras, una en Nicaragua, una en Costa Rica, otra en Panamá, ocho sedes en seis países del Caribe, catorce en el continente africano, dieciséis repartidas en ocho países de América Latina de los cuales una, lo dijimos, se encuentra en Orán.
