Falta muy poco para el aniversario de la Revolución de Mayo y la provincia es sede de una nueva edición del Congreso Nacional para la Unión de los Pueblos Originarios, en la que se exige la conformación de un Estado Plurinacional de Argentina. (Gonzalo Teruel)

“Hoy, nosotros así como lo hicimos el 25 de mayo de 2010, doscientos años después de la Revolución de Mayo decidimos alzar nuestra voz al mundo. Hoy, nosotros, los hermanos y hermanas de las naciones indígenas libres de esta tierra, decidimos unirnos para decir basta”, enfatiza en enormes letras mayúsculas el Tratado Interétnico para la Refundación de la República Argentina -conocido como Documento TIERRA- firmado hace un año en la Misión Chaqueña y que este fin de semana será reeditado en un nuevo Congreso Nacional para la Unión de los Pueblos Originarios.

El objetivo que persigue esta nueva reunión de los pueblos originarios es la revalorización de lo ancestral y la necesidad de actuar urgente para incluir a los pueblos ancestrales en la cultura argentina. Porque, según acusan, no sólo son expulsados de sus tierras por la expansión del modelo agropecuario, minero y petrolero sino que, además, son ignorados por todos los niveles del Estado.

“Hoy declaramos nuevamente la necesidad de hermanarnos y caminar unidos para la refundación de nuestro país y el nacimiento del Estado Plurinacional de Argentina” expresa el documento que llama “a todos los actores sociales, pueblos y comunidades de nuestra Nación para dar nacimiento a una nueva Constitución Nacional, para que tengan espacio para vivir según su cosmovisión y en su territorio, todas las naciones indígenas que existían antes de la formación del Estado argentino y todos los hombres y mujeres libres de este suelo que creemos en la defensa de la Madre Tierra”.

La Constitución Nacional reconoce -en el artículo 75, inciso 17, referido a las atribuciones del Congreso- la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”. Y, en consecuencia, ordena “garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”.

También la Constitución de Salta -en su artículo 15, incisos I y II, dirigido a los Pueblos Indígenas- hace referencia a esa “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que residen en el territorio de Salta” y obliga una serie de acciones.  Manda a reconocer “la personalidad de sus propias comunidades y sus organizaciones a efectos de obtener la personería jurídica y la legitimación para actuar en las instancias administrativas y judiciales de acuerdo con lo que establezca la ley” y a crear “al efecto un registro especial”.

Además, garantiza el “respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras fiscales que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano” y advierte que “ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes ni embargos”.

Más aún, la carta magna provincial, asegura la participación originaria “en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten de acuerdo a la ley”. Y establece que “El gobierno provincial genera mecanismos que permitan, tanto a los pobladores indígenas como no indígenas, con su efectiva participación, consensuar soluciones en lo relacionado con la tierra fiscal, respetando los derechos de terceros”.

Pero todo este palabrerío es letra muerta. Así lo explicó Emilio Iosa de la Fundación Deuda Interna “la primera vulneración de derechos de estas comunidades es el ocultamiento, de allí surgen muchas otras como el desalojo de sus tierras o la falta de agua, luz o infraestructura básica”. “Es una situación vergonzosa y no hay una respuesta seria de los gobiernos” denunció y mencionó la situación de la comunidad Quom en Formosa y de las comunidades Wichí perseguidas y desplazadas en Santiago del Estero y Salta.

Surgida en el norte cordobés y ya extendida a otras regiones del país, Deuda Interna es una de las organizaciones sociales que trabaja junto al Servicio de Paz y Justicia de Adolfo Pérez Esquivel en la protección y amparo del Territorio Wichí e impulsa la formación de una “Comisión Nacional de Investigación del Genocidio para el Resarcimiento Histórico de los Pueblos Originarios de Argentina”.

“Sólo hay prebendas y dádivas como si los pueblos originarios no fueran ciudadanos  de derechos sino ciudadanos que sólo merecen bolsones y chapas a cambio de un voto” aseguró Iosa y advirtió que “esa vulneración de sus derechos sería inconcebible para un ciudadano común pero por ser originarios se dejan pasar”.

Por eso, el carácter reivindicatorio de las deliberaciones que se realizarán hasta el lunes en la Misión Chaqueña y del Documento TIERRA dónde se advierte que la “tranquilidad y paz” de las comunidades está siendo destruida “por el tronar de las motosierras y las topadoras que todo lo desmontan, los explosivos de las mineras que todo lo destruyen, el ingreso de petroleras y sojeras que todo lo envenenan” y por los “partidos políticos y las ofertas electorales que mediante la mentira y la amenaza han quebrado la unidad comunitaria aprovechando la vulnerabilidad a la que ha sido sometido nuestro pueblo”.

Por eso, la actualización de la expresa denuncia realizada el año pasado “hoy declaramos que a doscientos catorce años de la Revolución de Mayo, no tenemos nada para festejar”. Como cuando el primer grito patrio cumplió 200 años y el gobierno organizó una gran fiesta popular en las calles de Buenos Aires y de las principales ciudades del país, este fin de semana los caciques y representantes de muchas comunidades no estarán presentes y, en cambio, se reunirán en el monte chaqueño para reclamar por sus irrenunciables derechos. “A estos hermanos nuestros se les vulneran el derecho a la tierra y al agua, a su cultura y a su forma de ser en el mundo” remarcó el activista de Deuda Interna y denunció que “el Estado se formó y se estructuró territorial y económicamente a partir de un genocidio que ya lleva 200 años y que nunca se revisó y sus víctimas nunca fueron resarcidas”.

El nuevo Congreso Nacional para la Unión de los Pueblos Originarios tiene por objetivo enriquecer las exigencias del Documento TIERRA entre las que se destacan el llamado a una Asamblea General Constituyente para la formación de un Estado Plurinacional; la investigación del genocidio llevado adelante por el Estado, tanto en períodos dictatoriales como democráticos, contra las naciones originarias; la creación de un Ministerio de los Pueblos Originarios con presupuesto autónomo y dirigido las naciones originarias; la devolución de todos los restos indígenas que se exponen en museos y la devolución oficial y jurídica de los territorios ancestrales; la inmediata reforma de los sistemas educativo, sanitario y judicial para que se termine la marginación. IS CHIK MHALHIEJ TSO. QUE ASÍ SEA.