Hasta el momento ningún juez de la provincia interviene en el accidente que cobró la vida del sobrino del gobernador. Todas las actuaciones posteriores al accidente mortal quedaron en manos de los fiscales. La policía ajena.
El hermetismo oficial que se cierne sobre el accidente del sobrino de Juan Urtubey, por momentos raya la manipulación institucional. Los medios en esta oportunidad evitaron hablar de los jóvenes, el alcohol o los excesos. Temas que siempre tienen en sus pantallas y micrófonos. Esta vez no pasó. Más allá del lamentable y doloroso hecho que cobró la vida de dos jóvenes de 17 años, las acciones posteriores de quienes detentan el poder bien pueden ser observadas, sin que ello ofenda o lastime a nadie. Por ello justamente se torna interesante que el Poder Judicial esté completamente ajeno al hecho ocurrido. Que la policía no tenga intervención alguna, pese a dos personas fallecidas y siete lesionadas en gravedad.
Hasta el momento la policía –dependiente del Poder Ejecutivo, a cargo de Juan Urtubey- sólo habría actuado durante los primeros 20 minutos, posteriores al retiro de los heridos.
La policía sólo realizó la “Actuación de prevención”, que no es otra cosa que un acta de su actuación. Más allá de eso nada. Intervino la Fiscalía 10. El fiscal Ramiro Osorio tenía previstas varias audiencias de testigos para hoy. Si bien no se registran denuncias policiales, es evidente que puede haber acciones por la responsabilidad civil emergente. En este caso del propietario del automóvil. Unicamente pudo confirmar la policía salteña, que en el automóvil accidentado circulaban nueve personas, y que siete resultaron heridas, brindando las identidades de los accidentados y también de los chicos fallecidos. Días más tarde ante la insistencia periodística afirmó la policía que el conductor, sobrino del gobernador, contaba con carnet de conducir, de la localidad de San Lorenzo. Por fuera de esa información, pudo saberse que una hora después del accidente se retiraba el auto del lugar, y la policía dejaba todas las actuaciones en manos del CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales), dependiente del Ministerio Público, a cargo de Pablo López Viñals. La famosa llamada y las órdenes de arriba. La policía hizo el acta mínima de su intervención.
El resto del procedimiento oficial, en torno al accidente de transito, también fue centralizado en la orbita de López Viñals. Nada quedó fuera de la mano de los fiscales. Justamente por esto se desconoce hasta el momento si existe la presentación de alguna denuncia en torno al tema. A la policía se la consulta por el tema y directamente no atiende descuelga el teléfono. Se puede confirmar, en cambio, que ningún juez de la provincia interviene –ni siquiera de oficio- en el hecho. Se trató de un accidente doloroso e inesperado. Una tragedia que le pudo ocurrir a cualquiera y que enluta a cualquier persona de bien. Es indiscutible. El accionar del poder es el mismo de siempre.
