Varios municipios del país piden que el dinero que Nación coparticipa por retenciones a la soja se use para gastos corrientes y no para obras públicas. Los intendentes salteños expectantes y J.M. Urtubey calcula si en ello puede repartir algo para los jefes comunales en un año con pocos fondos para distribuir. (R.M.)
Los primeros que hicieron el planteo fueron varios intendentes de Buenos Aires al gobernador de esa provincia Daniel Scioli. El argumento se adivina: hacer frente a las estrecheces económicas del segundo semestre de 2014. Ni bien salió a la luz lo de Buenos Aires, la sugerencia recibió el visto bueno del gobernador mendocino Francisco Pérez.
El dinero en cuestión posee el nombre técnico de Fondo Federal Solidario, consiste en la coparticipación por parte de la Nación a las provincias del 30% de lo que la primera recauda por las retenciones a la soja y se estableció en abril de 2009. La condición para que ello se concrete, es que las provincias coparticipen un porcentaje no menor al 30% de lo que reciben a los municipios de sus respectivos distritos, y que el total del dinero se utilice para financiar obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial.
Cambiar ese destino original a gastos corrientes es algo que los intendentes salteños ya habían insinuado hace algunos años porque acá se vivió antes, lo que en otras provincias empieza asentirse con fuerza ahora: freno en la actividad económica y crecientes demandas y conflictos salariales de los trabajadores municipales. En el año 2012, por ejemplo, se conoció que el intendente de Hipólito Yrigoyen, Carlos González, tuvo que utilizar el Fondo Federal Solidario para pagar el aguinaldo. Para ello consiguió la autorización de sus concejales y que la provincia mirara a otro lado y así usar esa plata que llega desde la Nación con fines distintos.
Desde su implementación a la fecha, el Fondo Sojero se convirtió en componente importante del financiamiento de la obra pública en los municipios y tuvo un alto impacto político. Y es que acá, en el presupuesto 2010, el gobierno provincial decidió que el porcentaje a coparticipar de ese Fondo llegaría al 50%. No era ni es poca plata: según el análisis de los presupuestos provinciales significaron $119.500.000 en el 2010; $135.282.186 en el 2011; $166.767.248 en el 2012; $186.200.000 en el 2013; y superó los $200.000.000 en el 2014. La cifra representa más del 10% del total que reciben todos los municipios anualmente que, en el 2014, fue de $1.930.564.799.
Volumen importante que varios municipios nacionales pretenden que ahora pueda disponerse como gastos corrientes que, en la jerga presupuestaria, son los gastos relacionados al funcionamiento operativo de la organización y que no se encuentran condicionados como ocurre ahora. El resultado entonces, sería el siguiente: utilización de ese dinero para bienes de consumo o personal.
La situación tampoco desagrada al Grand Bourg. Y es que después de años de acostumbrar a los intendentes a mayores transferencias como el fondo sojero, la descentralización de la ayuda social o los casi mil millones que en concepto de Fondo de Reparación Histórica recibieron los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia; no hay a la vista ninguna nueva partida que transfiera más dinero a los intendentes que pueden ser muy leales a una figura política, pero a condición de que esa figura posea una buena billetera y esté dispuesta a tolerar que la amante interesada maneje esos recursos con total impunidad.
Esto último, es algo que el gobernador puede seguir garantizando, mayores partidas de dinero no. En ese marco -el de las propuestas que bregan por no condicionar el gasto que ahora está condicionado- es una propuesta que por ahora suena en otras latitudes pero que encontraran eco en nuestra provincia.
