La Comisión Bicameral del Digesto Jurídico de la nación que integra Rodolfo Urtubey derogó la ley 1.420 que establecía la educación gratuita, obligatoria y laica beneficiando al gobierno salteño que hizo obligatoria la enseñanza religiosa. ¿Favores de hermanos? (Lula González, desde Bs. As.)

La situación fue dada a conocer por el diputado nacional Manuel Garrido y las miradas se posan en la comisión en general y en la del senador nacional y hermano del gobernador, Rodolfo Urtubey en particular, quien es miembro de la misma. Sugestiva situación dado de que si la mencionada ley es desestimada, el movimiento favorece el argumento de imponer el culto católico como obligatorio en las aulas salteñas y por el cual el gobierno de Juan Manuel Urtubey fue denunciado por la Asociación de los Derechos Civiles y cuya resolución se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Favor de hermanos?

La Comisión Bicameral del digesto jurídico es la encargada de trabajar en el ordenamiento de las distintas leyes, incluidas las modificadas o derogadas. Está integrada por cuatro miembros de cada Cámara y habitualmente se reúne en el edificio Alfredo Palacios ubicado en el Senado de la Nación. Sus integrantes incluyen a seis miembros del Frente Para la Victoria, uno perteneciente a la alianza UCR-PRO y un miembro del espacio Progresistas. Recientemente, una de las leyes analizadas fue la Ley 1420 (establecida desde el año 1884), la mítica norma que establece en todo el territorio argentino la educación gratuita, obligatoria y laica.

A través del tiempo y con la intención de actualizarla, la ley sufrió modificaciones aunque un artículo, el octavo, nunca se había tocado. El mismo establecía que “La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión, y antes o después de clase” con lo cual, denuncia el diputado nacional y ex fiscal anticorrupción Manuel Garrido, la provincia de Salta viola esta norma ya que imparte la religión católica a estudiantes primarios y por lo cual un grupo de padres de alumnos y la Asociación de Derechos Civiles (ADC) presentaron una demanda judicial cuya resolución está en manos de la Corte Suprema de Justicia. La denuncia quedaría en la nada porque sin que exista la ley 1420 que el congreso derogó, la demanda podría terminar inclinándose a favor de Urtubey que así no estaría en falta.

“Existe una situación preocupante y resulta llamativo que esté Rodolfo Urtubey presente en esta comisión que pretende derogar esta ley laica. Salta es una provincia preocupante por eso en su momento, nosotros realizamos la demanda en contra de la obligatoriedad de enseñanza católica en las escuelas públicas y constatamos que había diversas irregularidades como por ejemplo contenidos de religión católica en la enseñanza y en el caso de los chicos no católicos, había una estigmatización por no participar de ciertas actividades” explica el Doctor Álvaro Herrero, ex director de la Asociación de Derechos Civiles y uno de los hacedores de la demanda judicial que hoy se encuentra en la Corte Suprema de Justicia quién agregó “No me parece una casualidad que el hermano del gobernador salteño esté promoviendo esta situación. Generan discusión donde no la hay. Ya en Argentina es anacrónico pensar que se tiene que hablar de atropello a los derechos humanos, es retrógrado”.

Herrero además aclaró: “Argentina no tiene una religión oficial aunque existe mucha confusión, porque hay una mayoría católica no significa que a la hora de brindar educación se de preferencia a un culto sobre otro sobre todo con recursos del Estado. Por lo que pudimos observar, en Salta hay una simbiosis muy fuerte entre la religión y el estado provincial, es más, el Tribunal Superior de Justicia avaló la postura del gobierno provincial”. Con respecto a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la denuncia realizada hace dos años dijo que en “la Corte Suprema de Justicia es una novedad un caso de esta naturaleza, si falla por la laicidad de la educación tendrán una victoria los derechos civiles y su fallo será histórico y sentará jurisprudencia para otros similares”.

Finalmente el ex director ejecutivo dijo: “A lo que el salteño promedio le parece normal es, en realidad una falta a la Constitución y a los tratados internacionales. Se debe comprender que es un derecho humano tener educación neutra sin favoritismo de un culto por sobre el otro. Nadie quiere un cambio de cultura, ni es nada en contra de los católicos (muchos de los padres que acompañaron la demanda sufrieron en su momento represalias en sus trabajos) solo el cumplimiento de la ley”, sentenció Herrero.

Los integrantes

Con mayoría del oficialismo y con legisladores de ambas cámaras, los integrantes de la comisión son: el diputado nacional Héctor Daniel Tomas (Frente para la Victoria-Provincia de San Juan) es el presidente de dicha comisión; el diputado nacional Juan Mario Pais (Frente para la Victoria-Provincia de Chubut); el senador nacional Marcelo Guinle (Frente para la Victoria-Chubut); su par la senadora Marina Riofrio (Frente para la Victoria-Provincia de San Juan); el diputado nacional Alfredo Carlos Dato (Frente para la Victoria-Tucumán); los radicales Luis Peitcoff Naidenoff (senador nacional-Provincia de Formosa) y Manuel Garrido (diputado nacional-Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y el hermano del gobernador de la provincia, el senador nacional Rodolfo Urtubey (Frente para la Victoria-Salta) sobre el cual recaen las principales críticas.

Rafael Gentili, presidente del partido Izquierda Democrática de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miembro del Laboratorio de Políticas Públicas recalcó la importancia de la Ley 1.420: “Es el único texto que habla de la laicidad de la escuela pública. No hay ninguna norma que lo exprese como la 1420. Es una ley fundante de nuestro país porque establece la gratuidad y laicidad. Lo que puedo observar es que claramente hay una tendencia a lo religioso desde el entronamiento del Papa Francisco”.

Consultado sobre el porqué el Frente Para la Victoria con amplia mayoría en la comisión apoya esta derogación de la ley, Gentili consideró: “En el caso de Urtubey, se percibe un interés propio pero en el caso de los otros legisladores creo que es por ignorancia, poco estudio y falta de dedicación al trabajo. Si se deroga esta histórica ley se favorece el argumento para tener educación religiosa obligatoria en las escuelas, es un retroceso lo que ocurre en Salta” dijo Gentili.

Los juristas Marcelo Alegre y Roberto Gargarella, codirectores del Proyecto de Investigación UBACyT “Principio de autonomía, libertad de conciencia y libertad religiosa” presentaron ante la Comisión una observación que sostiene que no existe ninguna cláusula en las leyes de materia educativa posteriores a la 1420 que haya derogado explícita o implícitamente el artículo que establece que la educación religiosa es optativa y se ofrece fuera del horario de clase. Sin embargo, la mayoría oficialista en la Comisión, pese al reclamo, desoyó esta sugerencia y confirmó la derogación de la ley 1420 en su totalidad.

Manuel Garrido, diputado nacional (Unión Cívica Radical) y al igual que Urtubey integrante de la comisión expresó: “No hubo una discusión particular. Directamente el artículo 8 se suprimió”. Al señalar la importancia del mismo, el ex fiscal anticorrupción expresó: “Ese artículo adquiere relevancia ya que establece que no se puede dar religión en horario de clases, las leyes posteriores nunca se pronunciaron al respecto, el mismo permite y se utiliza para legitimar el camino constitucional ya desarrollado”. Al respecto de la actitud del senador Urtubey dijo “esta acción no le pasó desapercibida” y frente al apoyo de los otros miembros del bloque del Frente Para la Victoria expresó “el apoyo de los demás legisladores fue una acción política de abrirle la puerta a la educación religiosa a los establecimientos educativos estatales y legitima la discusión en la que se encuentra el gobierno de Salta y cuya resolución la tiene que dar la Corte Suprema de Justicia”.