Los intendentes no logran la restitución del 1,5% de coparticipación que reclaman al Grand Bourg y advierten un presupuesto 2016 con transferencias a los municipios inferiores a las establecidas por ley: 560 millones menos (Daniel Avalos)
El tratamiento del presupuesto provincial 2016 ha provocado más de lo mismo en varios intendentes: que echen espuma por la boca ante la distribución de recursos que en el global representará un porcentaje inferior al del año pasado y al establecido por la propia ley de coparticipación. Lo curioso del caso es que aun cuando el malestar entre los jefes comunales es evidente, el Grand Bourg parece contar con una ventaja enorme en la disputa subterránea que protagoniza con ellos. Y es que estos carecen de un plan que unifique y clarifique las acciones a pesar de que en la era “U” resultaron piezas claves para los triunfos electorales del propio gobierno central: el 70% de los votos oficialistas siempre provinieron del interior.
De lo que no carecen los jefes comunales son de diagnósticos precisos sobre cómo el volumen de recursos que perciben es cada vez menor. Así lo manifestaron seis de los diez jefes comunales que consultados por este medio pidieron algo que acá respetaremos: reservar su identidad. Sus cálculos son por lo general acertados con respecto a las cuentas globales, aunque nebulosos en los detalles técnicos. Para el primer caso resaltemos lo siguiente: según los intendentes, los $3.326.201.872 que en conjunto percibirán este año representan apenas el 10,64% del monto con el que contará la provincia en el año próximo: $31.364.453.568 según el presupuesto 2016 diseñado por el Ministro de Finanzas, Carlos Parodi.
Esto da cuenta de un porcentaje muy inferior al 13,5% que según la ley, los municipios deben disponer con libertad en concepto de coparticipación. El cálculo, sin embargo, parece equivocado. Y es que la coparticipación debe calcularse, según la ley 5.082, a partir del monto recaudado por el sistema tributario provincial y la coparticipación federal que en el 2016 supondrá una cifra de $28.966.110.141. Volumen de dinero que resulta de los $5.554.576.337 de tributos provinciales y los $23.411.533.804 de transferencias nacionales entre los llamados ingresos corrientes e ingresos de capital.
Con ese cálculo, los $3.326.201.872 que percibirán los municipios según los puntos 576 y 586 de las planillas anexas del presupuesto provincial, representan un 11,48%. Dos puntos menos de lo que la Ley establece para el conjunto de los municipios y que en números redondos supone que un poco más de 560 millones que deberían ir a parar a las arcas municipales quedan a disposición del ministerio de economía de la provincia. No se trata de una cifra menor: supone casi un 17% de los que efectivamente percibirán en el 2016.
Cuarto Poder consultó a un economista vinculado al equipo técnico de la Secretaria de Finanzas sobre las razones que posibilitan este tipo de cuestiones y la respuesta fue concluyente: los equipos técnicos municipales son endebles en materia financiera, el gobierno central compensa los faltantes con transferencias que están por fuera de los regímenes de coparticipación y los jefes comunales se conforman con lograr para cada municipio partidas discrecionales; sin olvidar que en muchos casos los intendentes están pocos dispuestos a enfrentarse con el poder del Grand Bourg.
Urgencia
Ese 13,5% con el que deberían contar las intendencias resulta de una serie de modificaciones que sufrió la ley de coparticipación a lo largo de varias décadas. La 5.082, de diciembre de 1976, había establecido un 15% de lo recaudado por el sistema tributario provincial y el régimen de coparticipación federal debía transferirse a los municipios. El artículo segundo de esa ley fue modificado en agosto del año 1992 (ley 6.678) de la mano del gobernador Roberto Ulloa. Por la misma se estableció que el 3% de los 15 puntos porcentuales debía aplicarse al financiamiento de inversiones de trabajo público y bienes de capital. Traducido: esos montos ya no eran de libre disponibilidad para los municipios.
A fines del 2010 y a instancias de Urtubey, la ley 7.651 dispuso que el 1,5% de ese 3% que Ulloa arrebató a los jefes comunales volviera a la condición de libre disponibilidad municipal, mientras que el restante 1,5% se integraba a un Fondo Compensador cuya distribución ya depende de criterios del poder ejecutivo provincial a la hora de diseñar el presupuesto anual.
La reforma formaba parte de una catarata de medidas con las que el Grand Bourg sellaba un acuerdo con los jefes comunales que explica de manera importante porque desde los municipios del interior, provinieron los triunfos electorales contundentes del Grand Bourg: transferencia de cientos de millones desde entonces a través de una mayor coparticipación del Fondo Federal Solidario, la Descentralización de la Ayuda Social e incluso del Fondo de Reparación Histórica que beneficio con cientos de obras a los municipios de tres departamentos del norte; dos de ellos – San Martín y Oran – con un padrón electoral que reúne el 24% de los electores de la provincia.
Los buenos tiempos parecen ahora remotos. Agradecidos por todo lo que recibieron, convencidos de que lo recibido era un derecho y seguros de que las demandas de recursos actuales al Grand Bourg son inferiores a las necesidades crecientes de sus municipios; los jefes comunales exigen que los beneficios se prolonguen en el tiempo.
El pedido es simple: que le restituyan el 1,5% de la coparticipación de libre disponibilidad. Según sus cálculos, eso supondría un poco más de 450 millones de pesos para el año entrante. Cálculo, dijimos, discutible porque computa la totalidad de los recursos provinciales en el año 2016 cuando según la ley debe computarse la suma de los tributos provinciales y la coparticipación federal que es de $28.966.110.141. De todos modos, el 1,5% de esa suma significaría poco más de 410 millones. Una cifra nada despreciable al representar un 12,32% de los $3.326.201.872 que recibirán el año próximo.
Cuando los consultados recurren a los ejercicios matemáticos retroactivos y calculan todo lo que habría representado para las arcas municipales ese 1,5% entre el ejercicio 2011 y el de 2015, concluyen que se trata de una masa monetaria que araña los 1.500 millones de pesos.
Eso no es todo. Inclinados ya a toda lectura relacionada con la coparticipación provincial, la sed de informarse los vuelca hasta la lectura de El Tribuno. Allí se informaron -a través de una nota publicada el pasado jueves- que mientras las partidas nacionales a la provincia se incrementaron en un 36,34% entre 2015 y 2016 ($17.183.889.698 hace un año y $23.411.533.804 ahora); para ellos el incremento interanual fue de apenas el 22,78%: $ 2.709.156.455 en el 2015 y los $3.326.201.872 previstos para el 2016.
“No le ganamos ni a la inflación hermano”, se indigna un jefe comunal al otro lado de la línea telefónica.
El atajo
Las prudencias, sin embargo, no eliminan las necesidades y por ello algunos jefes comunales consultados reparan en lo ocurrido en el país la última semana: tras una lucha judicial que llevaba años, las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis lograron que la Corte Suprema de la Nación declarara inconstitucional el decreto 1.399. El mismo es de noviembre del 2001 y dispuso quedarse con un 15% del total de la recaudación aduanera que correspondía a las provincias para financiar el Anses. Las tres provincias involucradas recurrieron a la Justicia para exigir que se le restituyeran los montos que les correspondía a sus distritos y adujeron que la privación de los mismos era inconstitucional por haberse dispuesto sin la intervención del parlamento.
En la semana, finalmente, la máxima instancia judicial nacional les dio la razón. Los jueces aludieron para ello al “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales ´del 12 de agosto de 1992 [curiosamente el mes y año en el que Ulloa restó el 3% de la coparticipación a los municipios originando el conflicto actual entre los intendentes y el Grand Bourg], ratificado por la ley 24.130 en el que el gobierno nacional se comprometió a no detraer de la masa coparticipable porcentajes o montos adicionales a los allí indicados, ni a transferir nuevos servicios a las provincias sin su conformidad expresa”.
El resultado de ello fue el siguiente: la nación debe arreglar con esas tres provincias en el plazo de 120 días cómo hará para devolverle lo que descontó durante años. Según los técnicos, la cifra, con intereses incluidos, rondaría los 80.000 millones de pesos. Ninguna otra provincia podrá reclamar una reparación retroactiva, aunque sí podrán exigir a la nación que los recortes que padecen se suspendan tal como se dispuso para Córdoba, Santa Fe y San Luis. No se trata de una medida menor. Si eso ocurre las dos primeras provincias calculan que en el 2016 contarán con unos 6.000 millones de pesos más, mientras San Luis accedería a 1.600 millones.
Para algunos jefes comunales salteños la noticia no pasó desapercibida. El jueves ya estaban enterados que tras el fallo de la Corte del día martes, las provincias de Mendoza, Entre Ríos y Chubut recurrieron a la Justicia para exigir que en 2016 le restituyan los fondos que hoy le descuentan. Tanto Mendoza como Entre Ríos estiman que sin la retención ahora declarada ilegal, recibirían cada uno cerca de 3.000 millones de pesos (Ámbito Financiero 26/11/2015)
Los jefes comunales salteños esperan que Salta se sume al reclamo para así contar con un dinero que por ley es coparticipable para los municipios. Rápidos para los cálculos tajantes, intuyen que las cifras salteñas bien podrían oscilar entre los 3.000 millones de Entre Ríos y Mendoza y los 1.600 de San Luis. Si a la provincia le correspondiera lo último, reflexionan, el 13, 5% coparticipable supone casi 220 millones de pesos más. Algo es algo.
Las dudas, sin embargo, son de tipo políticas. Como los ciudadanos de a pie, algunos intendentes observan cómo Urtubey es señalado por buscar acuerdos políticos con Mauricio Macri. Un presidente electo que en nombre de la gobernabilidad y del consenso que Urtubey también reivindica, pedirá a las provincias que no priven al Estado nacional que ahora conducirá el dinero que la Corte Suprema de Justicia dictaminó que corresponde a las provincias. A los jefes comunales no les resulta descabellada la idea de que el gobernador salteño se muestre “comprensivo” con Macri.
¿Estrategia?
Sea porque el miedo es una enfermedad endémica de los intendentes, sea porque admiran demasiado al gobernador como para caminar solos, o sea porque lo siguen considerando un gran líder que se despojó de los detalles que ejercitaba en otros tiempos cuando las reuniones cordiales incluían asados en el territorio de los mismos intendentes; entre estos la figura que les hace echar espuma por la boca no es el gobernador sino el ministro de Finanzas Carlos Parodi. A él responsabilizan de lo que denominan “penurias municipales” y el destrato propio de quien siendo un superior jerárquico, desconoce los reclamos con métodos sencillos: retaceo de las audiencias que se le solicitan y las casi nulas respuestas a los llamados telefónicos que se realizan a las oficinas del ministro de finanzas.
El miedo al Grand Bourg, sin embargo, parece ser lo suficientemente fuerte como para amordazar la ira de esos intendentes. La mayoría de los consultados admiten resignados que aun cuando todos maldigan por lo bajo, la enorme mayoría quiere evitar un enfrentamiento directo e irreparable. Sólo algunos esbozan alguna idea que combinando variables como debacle financiera, faltas de respuestas del ejecutivo y plena conciencia del peso electoral que la liga de intendentes tuvo en era “U”; debería aprovecharse para impulsar un bloque capaz de conseguir que la barricada que comanda Parodi se adapte a las demandas que surgen desde el balcanizado conglomerado de jefes comunales que, en el mejor de los casos, reúne a unos cuantos municipios que buscan beneficios departamentales. La regla, sin embargo, es que los solitarios jefes comunales busquen pequeños acuerdos que beneficien intendencias que por pequeñas, resultan insignificantes para marcarle agenda al Grand Bourg.
